La reciente salida de Jorge D'Onofrio del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, en medio de un escándalo por la gestión del sistema de fotomultas, ha generado inquietud en los sindicatos municipales, que temen que la incertidumbre sobre el futuro del esquema impacte negativamente en la estabilidad financiera de los municipios. En particular, la preocupación se centra en la recaudación generada por las multas, que financia compromisos salariales asumidos por los intendentes para el año 2025.

El nombramiento de Martín Marinucci, hombre cercano al massismo y al Frente Renovador, como nuevo ministro de Transporte, ha abierto una serie de interrogantes sobre si su gestión implicará una ruptura con el modelo de fotomultas denunciado o si, por el contrario, profundizará el esquema de concesión a empresas privadas que retienen una gran parte de los ingresos generados por las infracciones.

Desde los sindicatos municipales, se ha señalado que el sistema de fotomultas, a pesar de estar bajo la lupa por diversas denuncias de irregularidades, es fundamental para la financiación de los municipios. Los gremios exigen certezas sobre los lineamientos que tomará Marinucci respecto a la continuidad del modelo actual. “El modelo está bajo investigación, pero es la base de los compromisos salariales de los intendentes. Necesitamos saber qué se hará con el sistema”, afirmaron fuentes sindicales.

Uno de los puntos más críticos es el vínculo entre el modelo de fotomultas, algunas empresas concesionarias y ciertas universidades, cuyas fundaciones universitarias estarían implicadas en el sistema de instalación de cámaras de control. Marinucci, que tiene experiencia en el sector ferroviario y relaciones con las universidades, hereda una gestión que enfrenta investigaciones judiciales relacionadas con la manipulación de multas, la verificación técnica vehicular (VTV) y la conexión entre las cámaras de fotomultas y las instituciones académicas.

Los gremios también expresaron su preocupación por el hecho de que algunas de las empresas y jueces vinculados al sistema actual aún no hayan sido apartados, lo que podría dificultar cualquier intento de reformar el modelo. En varios distritos, todavía persisten denuncias por manejos opacos en la distribución de la recaudación de las fotomultas, lo que agrava la desconfianza de los trabajadores hacia las nuevas autoridades.

Ante este panorama, los sindicatos pidieron que Marinucci, en su rol de nuevo ministro, evalúe a fondo los antecedentes de las personas y empresas involucradas en el esquema actual. A su vez, destacaron la importancia de garantizar que cualquier cambio que se implemente asegure tanto la transparencia como la sostenibilidad financiera de los municipios.

“El nuevo ministro tiene la oportunidad de demostrar que no forma parte de la continuidad de un esquema cuestionado y de aportar soluciones que beneficien a las comunas y a los trabajadores”, concluyeron desde uno de los principales gremios municipales.