La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) ha expresado su profunda preocupación y rechazo frente a la intención del gobierno de Javier Milei de declarar a la actividad aeroportuaria como “servicio esencial”. En una carta dirigida a la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el secretario general de la ITF, Stephen Cotton, advirtió que esta medida podría violar los estándares legales internacionales que Argentina ha comprometido a respetar.

En la misiva, la ITF condenó el intento del Ejecutivo de restringir el derecho a la huelga de los trabajadores del sector aeroportuario, una acción que, según la organización, representa una “restricción autoritaria e ilegal” de los derechos laborales fundamentales. Esta postura llega después de las recientes huelgas organizadas por los sindicatos de aviación afiliados a la ITF, que buscaban mejorar las condiciones salariales y laborales de sus miembros.

Cotton caracterizó el proyecto del gobierno como una “política regresiva y peligrosa” que no solo ataca a los trabajadores, sino que también compromete la democracia. El dirigente recordó que el derecho a la huelga está consagrado en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina en 1960, y que las acciones del gobierno violan tanto este convenio como los principios de la OIT.

La ITF subrayó que, al intentar declarar la aviación como un servicio esencial, el gobierno de Milei está actuando en contra de los principios de la OIT, ya que esta entidad ha establecido repetidamente que los servicios de transporte no se consideran esenciales en un sentido jurídico estricto. Cotton también criticó la falta de compromiso constructivo del gobierno con los sindicatos y acusó a la administración de priorizar los intereses de las élites corporativas sobre los derechos de los trabajadores.

El dirigente de la ITF enfatizó que, según la legislación argentina, solo una comisión independiente de expertos tiene la autoridad para declarar un servicio público como esencial, y ambas partes deben acordar los niveles mínimos de servicio. Cotton condenó la medida del gobierno por no respetar este procedimiento legal y por ir “en clara contravención del estado de derecho y de los compromisos internacionales de Argentina”.

La ITF exigió al gobierno que “cese de inmediato” sus intentos de restringir el derecho de huelga y establezca un diálogo significativo con los sindicatos, respetando tanto las normas internacionales como las leyes argentinas. La organización se solidarizó con los trabajadores del sector y advirtió que un ataque a los derechos laborales es un ataque a la democracia misma.

Con más de 16,5 millones de afiliados en 740 organizaciones sindicales del transporte en 150 países, la ITF representa una poderosa voz global en la defensa de los derechos laborales y la democracia sindical.