El cierre de la planta de Dánica en Lavallol y el anuncio de Dass sobre el cese de su producción en Coronel Suárez a partir del próximo 20 de enero han generado una fuerte reacción en el Gobierno bonaerense. Desde la cartera de Trabajo de la Provincia, encabezada por Walter Correa, se cuestionaron las decisiones de estas empresas, acusándolas de contribuir a un modelo económico que favorece el cierre de fábricas y la pérdida de empleo en lugar de impulsar el crecimiento y la producción nacional.

En este contexto, el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa, y su subsecretario de Relaciones, Andrés Reveles, manifestaron su preocupación por la situación de los trabajadores y las trabajadoras que se ven afectados por estas medidas. Ambos funcionarios mostraron su firme rechazo a las políticas que, a su juicio, están en línea con las decisiones económicas impulsadas por el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei.

A través de la plataforma X, Correa expresó su desacuerdo con las políticas del presidente Milei, compartiendo un artículo del diario Página 12 que aborda la situación de las empresas en crisis. "En esta Provincia de Buenos Aires, donde tres veces la comunidad eligió desarrollo y crecimiento y no ajuste y motosierra, el trabajo es un derecho y es dignidad. Desde Trabajo PBA protegemos el empleo y la capacidad productiva del territorio bonaerense", destacó el ministro en sus redes sociales.

Por su parte, Andrés Reveles ofreció una entrevista en Radio 10, donde detalló la situación que enfrenta la planta de Dass en Coronel Suárez. Según el funcionario, cuando se consultó a la empresa sobre las razones detrás de su cierre, la respuesta no fue económica, sino política. "Nos dijeron que no es por problemas económicos ni por la falta de apoyo provincial, sino por una cuestión política", comentó Reveles, aludiendo a un comunicado de Dass en el que se menciona la reubicación de las operaciones en Misiones.

Reveles subrayó la preocupación por el impacto social de esta decisión, afirmando que "el daño que podés dejar a una comunidad" es considerable y no forma parte de una "buena fe negocial". Además, reveló que la empresa intentó declinar la instancia administrativa solicitada por el Gobierno, lo que fue rechazado, ya que para la gestión de Axel Kicillof, "el trabajo es un derecho".

En un tono más contundente, Reveles advirtió que estos cierres y traslados de producción responden a un modelo que él denominó como "industricidio", en el que se prioriza la importación de productos por encima de la producción y el empleo local. "Este proyecto político ve más como negocio importar que generar producción y trabajo en la Argentina", sentenció el subsecretario.

El impacto de estas decisiones empresariales sigue generando preocupación en diversos puntos de la provincia, donde comunidades enteras dependen de la estabilidad laboral y la producción local. La postura del Gobierno bonaerense se mantiene firme en su defensa del trabajo como derecho y piden a las empresas reconsiderar sus decisiones en favor del empleo y la economía regional.