La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ha anunciado un paro nacional de 24 horas con movilización al Congreso para el miércoles 11 de septiembre. La medida busca presionar a los diputados para que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones, y también para manifestarse contra el intento del Gobierno de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65 mil despidos previstos para fin de mes.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, fue tajante en su crítica: “Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional de Bullrich”, en alusión al protocolo antipiquetes implementado por la ministra Patricia Bullrich.

Aguiar subrayó la importancia de la protesta, llamando a «estar en la calle para evitar que se siga consolidando el régimen autoritario del Gobierno». Además, enfatizó el rechazo al congelamiento de salarios en el sector público y a la posibilidad de despidos masivos. “Seguramente esta será la primera protesta de varias que llevaremos adelante este mes”, agregó.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los manifestantes se concentrarán a partir de las 13 frente al Congreso Nacional. En el resto de las provincias, las modalidades de protesta serán definidas por las conducciones locales de ATE.

La convocatoria se enmarca en una protesta más amplia que incluye a las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, con el objetivo de que los diputados ratifiquen su voto en favor de la movilidad jubilatoria.

Entre los reclamos de ATE también figuran la anulación del DNU 70/23, la reincorporación urgente de todos los cesanteados, el cese inmediato de despidos y cierres de organismos, y la eliminación de políticas públicas restrictivas. El sindicato demanda además un aumento de salarios y jubilaciones que supere la inflación.

La medida de fuerza refleja un creciente descontento en el sector estatal frente a las políticas del Gobierno y marca el inicio de una serie de protestas previstas para el mes, en un contexto de alta tensión laboral y política.