La Cámara Nacional de Apelaciones rechazó la apelación presentada por el Gobierno y ratificó la medida cautelar que impide la reducción o desmantelamiento de programas clave contra la violencia de género en Argentina. Entre estos programas se encuentran aquellos destinados a la prevención, asistencia y acceso a la justicia para mujeres y niñas, así como la figura legal del femicidio y los cupos laborales de género.

Esta decisión judicial llega en un contexto de creciente tensión política, con ataques tanto discursivos como legislativos por parte de la administración de Javier Milei. Desde el oficialismo, el presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, han arremetido contra el movimiento feminista, calificando sus demandas como una "distorsión" y anunciando proyectos de ley para eliminar figuras como el femicidio y los cupos de género.

La medida cautelar, que fue aprobada en diciembre de 2024 tras una presentación de organizaciones como Ni Una Menos, FEIM y Fundeps, obliga al Estado a garantizar los derechos establecidos en la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia de Género. A pesar de que el Gobierno argumentó que cumplir con la resolución era "imposible" debido a las reducciones presupuestarias, los movimientos feministas y observatorios de derechos humanos alertaron sobre un retroceso intencional en las políticas de género. Entre los recortes más alarmantes se encuentran la reducción de personal en la Subsecretaría de Violencia de Género y un 50% de recorte en la planta del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Patricia Sotile, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), celebró la decisión judicial, señalando que "es una señal importante en este momento de extrema gravedad institucional". Sotile destacó que el fallo es fundamental para proteger los derechos de las mujeres y diversidades frente a un Gobierno que ha demostrado desinterés por garantizar la plena implementación de las leyes de género.

En paralelo, organizaciones feministas y familiares de víctimas de violencia de género expresaron su repudio por las declaraciones del presidente y su ministro de Justicia, quienes sostienen que la figura del femicidio es "innecesaria". "No se puede negar lo que verdaderamente existe como tal", afirmaron desde la agrupación Atravesados por el Femicidio, recordando que en 2024 más de 300 mujeres fueron asesinadas a manos de la violencia machista.

El mantenimiento de la medida cautelar, aunque temporal, refuerza la obligación del Estado de seguir implementando políticas de prevención y asistencia para las víctimas de violencia de género, en un momento donde el oficialismo ha impulsado una narrativa que busca invisibilizar estos problemas. Para Luci Cavallero, de Ni Una Menos, "la relevancia de esta decisión radica en sostener los marcos democráticos y evitar que el autoritarismo avance sobre los derechos conquistados".

La resolución definitiva sobre la medida cautelar será evaluada después de la feria judicial, y los tribunales decidirán si la mantienen o la levantan. Mientras tanto, las organizaciones feministas y de derechos humanos seguirán exigiendo el cumplimiento de las leyes y alertando sobre el impacto de las políticas y discursos oficialistas en la vida de las mujeres y diversidades en Argentina.