La Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-Autónoma), encabezada por Hugo "Cachorro" Godoy, y diversos organismos de Derechos Humanos presentaron una solicitud formal ante la Cámara de Senadores para que se rechace el proyecto de Ley Integral del Crimen Organizado, conocido como la "Ley Anti Mafias". Este proyecto, impulsado por el gobierno de Javier Milei, ya había sido tratado de manera informativa el pasado 6 de noviembre en las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.

En su presentación, la CTA-Autónoma y las organizaciones firmantes cuestionaron severamente el contenido del proyecto, argumentando que contiene “problemas dogmáticos” que contravienen principios fundamentales del derecho penal argentino. Entre las principales objeciones, señalaron la vulneración del principio de legalidad y la idea de atribuir sanciones penales a personas solo por pertenecer a un grupo determinado, sin necesidad de haber cometido un acto delictivo.

El documento también destaca otros aspectos preocupantes del proyecto, como la eliminación de garantías procesales y posibles conflictos de jurisdicción. Además, se menciona la ampliación de los poderes otorgados a las fuerzas de seguridad, lo que, según los firmantes, pone en riesgo derechos fundamentales.

Uno de los puntos más polémicos de la ley es la creación de la figura de la “Zona de Investigación Especial”, que permitiría a las fuerzas de seguridad detener a personas sin orden judicial y sin la necesidad de contar con una sospecha concreta de delito, basándose únicamente en el motivo de "averiguación" por un plazo de hasta 30 días. Este aspecto fue calificado como un intento de “reforma ilegal del estado de sitio constitucional”.

El escrito también denuncia que el proyecto de ley vulnera principios constitucionales y convencionales, y crea un marco que podría resultar en un conflicto jurisdiccional federal. En su conclusión, las organizaciones firmantes caracterizaron la propuesta como parte de una serie de medidas represivas impulsadas por el Gobierno, que se iniciaron con el Decreto 70/23 y la denominada Ley Bases.

El reclamo fue respaldado por figuras destacadas como Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente honorario de SERPAJ; Ana María Careaga, copresidenta del Instituto Espacio para la Memoria; Claudia V. Rocca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas; y Iris Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros.