El Gobierno nacional logró una pausa temporal en el conflicto entre la multinacional Bridgestone y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina (SUTNA), luego de que la empresa anunciara su intención de despedir a 290 trabajadores. En una audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, ambas partes acordaron suspender medidas drásticas como despidos y paros mientras se evalúa el pedido de la compañía para extender el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), que ya había sido implementado en 2024 para reducir su plantel en 450 empleados.

La solicitud de Bridgestone será analizada por la Unidad de Crisis, un organismo encargado de estudiar la viabilidad de este tipo de medidas. La empresa argumenta que atraviesa una situación económica crítica, caracterizada por una caída en la demanda, altos inventarios y un contexto económico desfavorable. En ese marco, Bridgestone sostiene que necesita realizar ajustes adicionales en su plantilla para poder mantener su operación en 2025.

Por su parte, el SUTNA, dirigido por Alejandro Crespo, rechazó enérgicamente la petición de la empresa. El sindicato calificó de "ilícito e improcedente" el intento de reabrir el PPC y denunció que la medida apunta a una reducción de personal, un aumento en los ritmos de producción y recortes salariales. Además, el gremio advirtió que, de concretarse despidos, tomaría medidas de fuerza en todas las plantas del sector.

Este conflicto se enmarca en una relación tensa entre la empresa y el sindicato, que se agravó tras un largo conflicto laboral en 2022 que afectó la capacidad exportadora de Bridgestone. La planta de Llavallol, en Buenos Aires, sigue siendo el centro de la operación de la empresa en Argentina, pero se enfrenta a un futuro incierto.

Mientras el Gobierno analiza el pedido de la empresa y trata de mediar en las negociaciones, la situación sigue siendo de alta tensión, ya que el futuro de los 290 trabajadores que podrían ser despedidos es un tema clave para ambas partes. La tregua alcanzada por ahora permitirá el tiempo necesario para evaluar las alternativas, pero el conflicto promete seguir siendo un desafío para el sector y las autoridades.