Las organizaciones sindicales del sector aceitero han alzado su voz contra lo que consideran un "avasallamiento patronal" en diversas empresas del rubro, tales como Dánica, Vicentín, Viterra y Explora. La denuncia se centra en incumplimientos de los convenios colectivos y acuerdos paritarios, además de despidos arbitrarios, lo que ha generado un creciente malestar entre los trabajadores. Los sindicatos advierten que, si estas prácticas no cesan, se convocará a una huelga nacional.

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación por las acciones de las empresas del sector. Según los gremios, estas empresas no solo están violando acuerdos previamente establecidos, sino que también están persiguiendo a los trabajadores que exigen el pago de salarios y bonificaciones en tiempo y forma. “Si no se respetan los derechos de los trabajadores, habrá huelga nacional”, advirtieron en unidad.

Denuncias de despidos y represalias

La denuncia apunta a una serie de situaciones conflictivas que han surgido en distintas plantas. En el caso de Explora SA, la empresa despidió a cuatro trabajadores que habían solicitado una gratificación extraordinaria, alegando causas falsas. Como respuesta, los trabajadores iniciaron una huelga que solo terminará cuando se reincorpore a los despedidos y se paguen los salarios conforme a la ley.

En Vicentín y Renopack, las tensiones también son elevadas. La Secretaría de Trabajo dictó una conciliación obligatoria debido a la retención de tareas por el incumplimiento en el pago del bono anual. Además, se menciona que Vicentín ha iniciado un “insólito Procedimiento Preventivo de Crisis” para justificar la situación.

Por otro lado, la planta de Dánica (Llavallol) fue cerrada en diciembre de 2024, con el despido de todos los empleados. Sin embargo, 40 trabajadores que rechazaron el retiro voluntario consiguieron la reapertura de la sección de envasado.

En Viterra (Bahía Blanca), propiedad de Bunge, el conflicto es aún más complejo debido al despido de huelguistas y a la intervención de la Prefectura Nacional, que ha estado presente en la planta, lo que ha agudizado las tensiones laborales.

La militarización de los conflictos laborales

Los sindicatos también denunciaron la militarización de los conflictos, criticando la intervención de fuerzas de seguridad en las plantas. “Parece que, como ocurrió en diferentes dictaduras, buscan solucionar los conflictos laborales con el uso de las fuerzas de seguridad, que actúan como mercenarios al servicio de los poderosos”, señalaron en su comunicado.

Responsabilidad del gobierno

Las organizaciones sindicales también responsabilizaron tanto a las empresas como al gobierno nacional por la situación que atraviesan los trabajadores. Aseguran que el gobierno, en lugar de defender los derechos laborales, ha optado por criminalizar los conflictos, mientras que el ministro de Economía ha beneficiado a las patronales con una rebaja de retenciones.

Compromiso con la lucha

A pesar de las dificultades, los sindicatos reafirmaron su compromiso con la defensa de los derechos laborales conquistados a lo largo de los años. “No permitiremos que se desconozca el constitucional derecho a huelga ni que se limiten los derechos de los gremios como representantes de los trabajadores”, afirmaron en el comunicado, dejando claro que, de persistir la situación, el sector aceitero podría enfrentar una huelga nacional que paralizaría el país.

Este conflicto ha puesto en evidencia las crecientes tensiones entre las organizaciones sindicales y las empresas, en un escenario que también coloca al gobierno bajo la lupa, especialmente en relación con sus políticas hacia los trabajadores y el sector empresarial.