Un hecho insólito y alarmante marcó las elecciones de delegados de la cadena de electrodomésticos Coppel en su sucursal Liniers de la Ciudad de Buenos Aires. Daniel Benítez, un sindicalista acusado de abuso y acoso sexual, se presentó como candidato en un comicio en el que intentó competir contra su propia denunciante, Noelia Pieruzzini, en un contexto que desató una serie de reacciones indignadas tanto entre los trabajadores como en los sectores sindicales.

El escandaloso episodio

El jueves pasado, en las instalaciones de la tienda de Coppel en Av. Rivadavia 11526, Benítez participó de la elección de delegados violando una orden de restricción impuesta por la Justicia en su contra, tras las denuncias de su víctima. La medida de protección fue dictada para salvaguardar a Pieruzzini, quien acusó a Benítez de abuso sexual. A pesar de esta gravísima situación, la elección continuó con Benítez como candidato habilitado, lo que desató una crisis dentro de la empresa y entre los trabajadores.

Pieruzzini, al enterarse de que su agresor estaría participando de las urnas, decidió desistir de su candidatura y presentó un reclamo formal ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. La falta de acción de la empresa Coppel y el sindicato involucrado ante esta situación causó asombro y repudio entre los empleados, quienes exigieron una intervención inmediata de las autoridades competentes.

El perfil de Benítez y la crisis sindical

Daniel Benítez es uno de los principales miembros de la agrupación sindical "La Voz de Comercio", dirigida por Mario Amado, también acusado de abuso sexual. Las acusaciones contra ambos dirigentes han generado serias dudas sobre la transparencia de las elecciones y el compromiso ético de la representación sindical en Coppel. Además, ha trascendido que tanto Benítez como Amado habrían recibido apoyo de la propia empresa Coppel, lo que ha levantado sospechas sobre las verdaderas intenciones de la compañía en cuanto al bienestar de sus empleados y su compromiso con la justicia.

La situación ha dejado expuesta la vulnerabilidad del sistema sindical y laboral, donde la impunidad de algunos dirigentes podría estar poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores y obstaculizando el acceso a la justicia.

El impacto judicial y las denuncias por abuso sexual

Benítez no solo está envuelto en esta escandalosa elección, sino que también enfrenta un proceso judicial serio. En el ámbito judicial, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 45 lo procesó por abuso sexual simple en tres ocasiones, tras las denuncias presentadas por dos empleadas de la empresa. Ayelén Pieruzzini y Natalia Mariel Palacios detallaron sus experiencias de abuso y acoso, que ocurrieron tanto dentro como fuera del entorno laboral.

Según las denuncias, Benítez utilizó su posición como delegado sindical para someter a las trabajadoras a situaciones de acoso y abuso sexual. Pieruzzini relató que en 2019, durante un viaje en coche, el sindicalista intentó besarla y la manoseó de manera reiterada. Palacios, por su parte, denunció que Benítez la agredió verbalmente y la acosó de forma constante durante años, lo que provocó graves trastornos emocionales en ella, que finalmente la llevaron a renunciar a su puesto en la empresa.

Las pruebas, que incluyen testimonios, correos electrónicos y cartas documento, fueron suficientes para que el tribunal procesara a Benítez por abuso sexual simple reiterado. Aunque se mantiene en libertad provisional, se le impuso una prohibición de acercamiento a las víctimas y un embargo sobre sus bienes por una suma considerable.

La respuesta del sindicato y las autoridades

Este escandaloso episodio ha puesto en alerta tanto a los trabajadores de Coppel como a dirigentes del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Capital Federal, quienes están exigiendo una intervención inmediata ante la grave situación que afecta a los empleados de la cadena. La falta de respuesta de la empresa Coppel y de los organismos sindicales ante las acusaciones ha generado una condena social creciente que podría tener repercusiones en el futuro del proceso electoral y en la estabilidad de las organizaciones gremiales involucradas.

El caso Benítez ha puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad urgente de mecanismos de protección efectivos dentro del entorno laboral, especialmente en aquellos lugares donde la jerarquía sindical puede ser utilizada para encubrir actos de abuso y acoso. Con la presión social aumentando y la intervención de las autoridades, se espera que este proceso judicial y sindical llegue a una resolución que garantice la justicia para las víctimas y la transparencia en las elecciones gremiales.

En los próximos días, las autoridades deberán determinar si la elección será anulada, dado que las circunstancias morales y legales en torno a la candidatura de Benítez generan dudas sobre la validez del proceso electoral en Coppel.