El Gobierno Nacional continúa con su política de ajuste y desmantelamiento de organismos clave. Esta vez, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) fue blanco de una nueva ola de despidos masivos: 400 trabajadores fueron cesanteados, reduciendo su planta a la mitad y dejando en jaque el control ambiental de una de las zonas más contaminadas del país.

La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, forma parte de una serie de recortes que afectaron a diversas áreas del Estado. A través de un simple correo electrónico enviado el viernes por la noche, previo al fin de semana largo de Carnaval, cientos de empleados fueron notificados de su desvinculación. En total, el ministerio despidió a 2800 personas en distintas dependencias, incluyendo la Secretaría de Niñez y la Dirección Nacional de Arquitectura.

ACUMAR fue creado en 2006 mediante la Ley 26.168 para abordar la alarmante contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, una de las más degradadas del mundo. Su origen se remonta a la "Causa Mendoza", un histórico reclamo judicial iniciado por vecinos de Villa Inflamable en Avellaneda, que exigían el derecho a vivir en un ambiente sano. La Corte Suprema falló en 2008 en favor de la remediación ambiental y asignó a ACUMAR la tarea de llevar adelante un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).

Este organismo autónomo e interjurisdiccional, con participación del Gobierno Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, tenía como función central el control y la fiscalización de industrias contaminantes, la mejora en el acceso a agua potable y saneamiento, y la recuperación de espacios públicos degradados. Con la reducción drástica de su personal, todas estas tareas quedan ahora en una peligrosa incertidumbre.

Desde el gremio ATE denunciaron "la violencia institucional, el hostigamiento y el maltrato sistemático" de la gestión Pettovello. "Precariza, despide y juega con la salud física y mental de los trabajadores en su afán de destruir el Estado", expresaron desde el sindicato. ATE también advirtió que con este desmantelamiento "se deja vía libre a las empresas contaminantes para seguir enfermando y matando a la población sin control alguno".

El impacto de estos despidos es alarmante. Con menos inspectores y personal técnico especializado, las industrias que vierten desechos tóxicos en la cuenca podrían operar sin restricciones, acelerando la degradación del aire, el agua y el suelo en una región donde viven más de cinco millones de personas.

El ajuste en ACUMAR no solo pone en riesgo años de trabajo en materia ambiental, sino que también representa un retroceso en la lucha por el derecho a un ambiente sano. Mientras el gobierno avanza con su política de despidos masivos y reducción del Estado, las consecuencias recaen sobre la población, que deberá enfrentar un futuro con menos controles y mayor contaminación.