El Gobierno nacional ha decidido renovar los contratos de aproximadamente 40.000 empleados públicos, pero solo por tres meses más, en un proceso que mantiene en vilo a los trabajadores que no forman parte de la planta permanente del Estado. Sin embargo, los gremios calculan que el número real de contratados asciende a 57.000, ya que incluyen en la cifra a monotributistas bajo locación de servicios y a los empleados vinculados a entidades cooperadoras como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Desde la asunción de Javier Milei, la gestión ha renovado de manera continua y precaria los contratos de estos trabajadores, los cuales son renovados cada tres meses mientras se define qué porcentaje de ellos mantendrá su puesto y cuáles serán despedidos. Esta dinámica ha causado incertidumbre entre los empleados, ya que se encuentran en una situación laboral inestable.

A partir de ahora, se renovarán los contratos hasta finales de marzo, con la condición de que los empleados realicen un examen de idoneidad, que evaluará sus competencias a través de un cuestionario dividido en tres áreas: comprensión lectora, razonamiento lógico matemático y administración pública. Los empleados que aprueben esta evaluación, y cuya función sea considerada necesaria para el área en la que trabajan, podrán continuar en sus puestos.

Hasta el momento, 14.000 empleados han rendido el examen, con una tasa de aprobación del 95%. Sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha señalado que no solo los 40.000 empleados que el Gobierno menciona tienen contratos vencidos, sino más de 57.000. La diferencia incluye a los monotributistas y a los empleados que estaban vinculados a Acara, cuyos contratos también han sido finalizados.

En paralelo, ya se han registrado despidos en diversos organismos. Desde el cambio de año, el Ministerio de Justicia, el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y Parques Nacionales han comunicado desvinculaciones. También se informó sobre 87 despidos en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, y 104 en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, así como más de 50 en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), lo que ha generado gran preocupación entre los trabajadores.

El Gobierno ha anunciado que los empleados vinculados a Acara serán desvinculados, y los gremios continúan exigiendo garantías para la estabilidad laboral de los trabajadores contratados, mientras se espera una nueva evaluación y definición de su futuro laboral.