Se termina el programa de Precios Justos y no se renueva el plan de consumo en cuotas Ahora12. Se elimina el sistema SIRA de control de importaciones, se deroga la Ley de Abastecimiento y la idea es liberar los precios de las prepagas. Esa es la agenda de corto plazo de la nueva Secretaría de Comercio, a cargo de Pablo Lavigne.

La reducción al mínimo de las regulaciones tiene la impronta filosófica de esta administración. El propio Javier Milei ya había anticipado, siendo presidente electo, que eliminaría la Secretaría y liberaría "todos los precios que pueda de la economía".

Esta semana se publicó la designación oficial de Pablo Lavigne como Secretario de Comercio. Lavigne es licenciado en Economía, ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri. Desde 2015 se desempeñó como director nacional de Facilitación del Comercio Exterior, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, y estuvo a cargo de la implementación de la Ventanilla Única del Comercio Exterior (VUCE), desde 2018, por debajo de Dante Sica, con quien continuó luego trabajando en la consultora Abeceb.

Lavigne, en línea con las ideas de Milei y de Caputo, sostiene que el tipo de cambio alto, luego de la devaluación, será el incentivo de mercado que reemplace al sistema SIRA, de control de las importaciones. Ahora bien, habrá que ver, dada la severa restricción de oferta de divisas que hay, en qué medida el Gobierno efectivamente liberaliza el flujo importador y no termina aplicando otro tipo de filtro.

Por debajo de Lavigne está Daniela Ramos, a cargo de la Subsecretaría de Industria, economista y hasta ahora Secretaria de Trabajo y Producción del Municipio de Tres de Febrero, que está a cargo del intendente Diego Valenzuela, de Juntos por el Cambio. "Es una dirigente con capacidad pero le van a recortar mucho poder", comentan.

Fernando Blanco Muiño será el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial. Como Lavigne, formó parte de la gestión de Macri como director nacional de Defensa del Consumidor y luego se desempeñó como Director Ejecutivo del Centro de Estudios en Derecho del Consumidor. A diferencia de los últimos veinte años en el país, dicha área ya no hará monitoreo de los abusos de las empresas ante los acuerdos de precios. Tampoco tendrá suficientes equipos de fiscalización ni agentes en el terreno, debido a que, sin regulaciones, no hay mucho que monitorear.