La Justicia platense ha puesto bajo la lupa al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por su presunto incumplimiento en la implementación de arrestos domiciliarios. El juez de Garantías Guillermo Atencio ordenó investigar a funcionarios del organismo por posible desobediencia e incumplimiento de deberes, tras las graves irregularidades denunciadas en el caso de Miguel Ángel Lucich, acusado de comercialización de estupefacientes.

El prestigioso abogado penalista Axel Daniel Hurtado, del reconocido Estudio Jurídico Annussi Castañón & Hurtado, fue quien expuso la maniobra del SPB. En representación de Lucich, Hurtado presentó un hábeas corpus argumentando que su defendido había sido beneficiado con una tobillera electrónica el 12 de febrero de 2025, pero que el SPB nunca cumplió con la medida.

A pesar de que la Justicia rechazó el hábeas corpus, el juez Atencio constató que la Dirección de Monitoreo del SPB no cumplió con la verificación del domicilio ni con la disponibilidad de tobilleras electrónicas. En consecuencia, se ordenó a dicho organismo presentar un informe en un plazo de 48 horas y se dispuso investigar a los funcionarios responsables de la omisión.

Axel Hurtado cuestionó la evidente falta de celeridad del SPB, contrastando este caso con el de Julio Rigau, quien, a menos de 24 horas de haber recibido el beneficio, fue trasladado de inmediato a su domicilio con tobillera electrónica. "Estamos frente a una grave discrecionalidad que afecta derechos fundamentales", señaló el abogado penalista.

La situación deja en evidencia la necesidad de una revisión profunda en los procedimientos del SPB, mientras la Justicia avanza en la investigación sobre las responsabilidades internas en este polémico episodio.