El Gobierno nacional avanza en una reforma laboral de facto a través del Decreto 847/24 y la Resolución 5599/24 de la Agencia de Recaudación de la Nación (Arca). Esta normativa regula la inscripción de los trabajadores bajo la figura de “colaboradores”, introduciendo cambios significativos en la relación laboral y, según denuncian distintos sectores sindicales, profundizando la precarización del empleo.

Según especialistas, esta medida genera un retroceso en los derechos laborales al redefinir la vinculación entre trabajadores autónomos y colaboradores, facilitando la informalidad y debilitando los vínculos contractuales tradicionales.

A esta situación se suma el reciente informe de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, que reveló que en Argentina hay 8 millones de trabajadores no registrados, alcanzando un récord histórico en los niveles de precarización laboral. Mientras el empleo formal disminuye, el trabajo en condiciones irregulares o “en negro” sigue en ascenso.

Desde diversos sectores sindicales, advierten que la única manera de enfrentar este escenario es a través de la organización y sindicalización de todos los trabajadores, sin importar su relación contractual. Además, rechazan la implementación de mecanismos que consideran fraudulentos, como la figura de los autónomos con colaboradores, y exigen medidas concretas para frenar el avance de la precarización.

La lucha por la estabilidad y los derechos laborales se consolida como un desafío clave en el actual contexto socioeconómico del país.