Las dos centrales sindicales de la CTA expresaron su rechazo en conjunto ante los hechos de represión y allanamientos violentos ocurridos el martes 11 de febrero en territorios mapuches de la provincia de Chubut. Según los testimonios recogidos, miembros de distintas fuerzas de seguridad ingresaron sin orden judicial a diversas comunidades indígenas y a la radio comunitaria Petu Mogeleiñ, ubicada en El Maitén. El operativo tuvo como objetivo encontrar pruebas de una presunta vinculación entre estas comunidades y los responsables de los incendios ocurridos en la Patagonia.

El operativo, que contó con la participación del Grupo Halcón y el GEO bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich, fue autorizado por el juez penal de Esquel, Jorge Criado, y el fiscal Carlos Cavallo. Durante la intervención, fue detenida Victoria Dolores Fernández Núñez, acusada de supuesta participación en un incendio registrado el 18 de enero en la Estancia Amancay. Desde las centrales sindicales, se denunció que esta acusación distrae la atención de los verdaderos conflictos en la región, que estarían ligados a intereses extractivistas y negocios inmobiliarios en territorio mapuche.

Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo Godoy (CTA-A), líderes de las centrales sindicales, manifestaron su rechazo a lo que consideran una campaña de estigmatización y persecución hacia las comunidades mapuches. Estas comunidades, según afirman, luchan por la defensa de sus tierras y bienes comunes, mientras que muchas de ellas están activamente colaborando para mitigar los incendios forestales que azotan la región.

Desde la CTA, se exigió el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, tal como lo establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, que reconoce y protege los derechos territoriales y culturales de los pueblos originarios.

La situación en Chubut ha generado gran preocupación entre organizaciones de derechos humanos y sectores sociales que alertan sobre el avance de operativos represivos en zonas de conflicto territorial. Se prevé que en los próximos días haya nuevas movilizaciones y reclamos en defensa de las comunidades afectadas por estos operativos.