Las dos principales centrales sindicales de Argentina, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, emitieron un comunicado conjunto para repudiar enérgicamente la sentencia condenatoria contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La condena, dictada por la Cámara de Casación en el marco de la causa por corrupción en la obra pública, ratificó la pena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos. Las organizaciones sindicales lo consideraron un acto de "persecución política" y una nueva tentativa de "deslegitimar y proscribir a los dirigentes populares".

En el texto, las centrales sindicales denunciaron que el juicio contra Kirchner fue "armado y sin pruebas", y afirmaron que la condena ya estaba "preestablecida" y "anunciada" por parte de un sector del periodismo vinculado al poder judicial. Según la CTA, la sentencia forma parte de una estrategia para "disciplinar" a quienes representan los intereses de la mayoría de la población, en el marco de una política de "judicialización de la protesta social".

Las dirigentas de ambas centrales subrayaron que el "partido judicial" que hoy persigue a Kirchner fue el mismo que permitió la impunidad de casos de corrupción protagonizados por altos funcionarios del gobierno anterior, como el "megacanje de deuda" o la "fuga de capitales", que involucraron a figuras clave como los ministros Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Para las CTA, estas maniobras evidencian las estrechas relaciones entre el poder judicial y los sectores económicos más concentrados del país.

"La condena a Cristina Kirchner es una nueva forma de proscripción política en la historia argentina", subrayaron las organizaciones sindicales. En este sentido, la ex mandataria es vista como "un nuevo eslabón en una larga cadena de líderes populares perseguidos por sus ideales de justicia social". Para las centrales, esta condena no solo es injusta, sino que representa un "avance antidemocrático" que afecta gravemente el sistema democrático y la representación política.

Además, las CTA rechazaron de manera tajante la ley "Ficha Limpia", que impide que cualquier candidato que esté bajo proceso judicial se postule para cargos públicos. Para las centrales, esta legislación es una maniobra para impedir que los líderes populares puedan competir en elecciones, manipulando la democracia en beneficio de una minoría.

Por último, las centrales exigieron el fin de la persecución judicial contra Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes populares. "No vamos a permitir que la democracia sea secuestrada por intereses ajenos al pueblo", concluyeron las CTA, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos políticos y sociales de los trabajadores y la justicia social.