El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, anunció que despedirá "con justa causa" a los agentes estatales que hayan participado en las protestas que se realizaron recientemente en las instalaciones del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA). La medida se toma como respuesta a las manifestaciones en reclamo contra el cierre de 136 sedes del organismo, decisión que generó un conflicto laboral de magnitud.

A través de un comunicado, la cartera de Justicia explicó que las acciones de protesta "provocaron pérdidas millonarias para el Estado argentino y daños irreparables a los ciudadanos", señalando que tales medidas afectaron gravemente el normal funcionamiento de los servicios públicos. Además, se alineó con las acciones legales en curso contra los miembros del sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), acusados de ocupar ilegalmente las sedes y paralizar las operaciones de la sede central del Registro.

El Ministerio de Justicia también advirtió que no se tolerará "la extorsión, la violencia, los escraches ni las amenazas de ningún sector", remarcando que los empleados que no se presenten a trabajar y participen en actividades no autorizadas serán sujetos a sanciones. "Los agentes que falten a sus puestos de trabajo y se sumen a protestas no consentidas expresamente por el Ministerio serán pasibles de despido", precisó el comunicado.

Este conflicto se desató tras el anuncio gubernamental en julio de este año sobre el cierre de 136 sedes del DNRPA y la oferta de retiros voluntarios para unos 2.500 trabajadores, la mayoría de los cuales rechazó dicha propuesta. La confrontación alcanzó su punto álgido con las medidas de protesta organizadas por ATE, liderada por Daniel "Tano" Catalano, en rechazo a la reestructuración.

El Ministerio de Justicia concluyó su comunicado afirmando que "esta administración no permitirá la irracionalidad del accionar de ATE, que bajo falsos reclamos, persigue beneficios solo para sus autoridades", mientras se comprometió a garantizar la continuidad de los servicios públicos sin que los ciudadanos sean afectados por las disputas internas.