El presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA), Eduardo Boiero, alertó sobre la difícil situación que enfrenta la industria pesquera, especialmente la de langostino, debido a los altos costos de producción y la caída de los precios internacionales. En este contexto, los empresarios exigen una reducción del 30% en los salarios de los trabajadores, mientras que advierten sobre la posibilidad de suspender la temporada de pesca.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Boiero explicó que el sector pesquero es una de las principales fuentes de divisas para Argentina, siendo el octavo complejo exportador del país. No obstante, el "costo argentino" —un conjunto de impuestos y tarifas— ha encarecido la producción y dificulta la competitividad de las exportaciones. La situación se complica aún más en el caso del langostino, donde la competencia con el camarón de cultivo ha reducido los precios internacionales de este producto clave.

"Lo que antes valía más de 10 dólares el kilo, hoy no supera los 6 dólares", explicó Boiero, al referirse a la caída de precios que impacta directamente en los márgenes de ganancia de las empresas pesqueras.

A pesar de que la temporada de langostinos ya ha comenzado en las aguas nacionales, las embarcaciones aún no han salido a pescar debido a la falta de viabilidad económica de la actividad. "Aunque hay langostinos, hay barcos y tripulantes listos para trabajar, no se está pescando", señaló Boiero. Esto genera una preocupación adicional: la paralización de la actividad pesquera afectaría no solo a la economía regional, sino también a las exportaciones y los salarios de los trabajadores.

Uno de los principales puntos de conflicto señalado por Boiero es el elevado costo laboral en el sector, sumado a las retenciones a las exportaciones impuestas por el gobierno. Los empresarios han solicitado la eliminación de estas retenciones, similares a las que se han quitado a otros sectores productivos del país.

Este escenario tiene un impacto directo en las provincias donde la actividad pesquera es crucial para la economía local, como Santa Cruz, Chubut y Buenos Aires. En caso de que la pesca de langostino se vea suspendida, las consecuencias serían devastadoras para las comunidades que dependen de esta industria.

El sector pesquero también está en conversaciones con los sindicatos para modificar los convenios colectivos de trabajo, los cuales fueron establecidos cuando los precios del langostino eran significativamente más altos. "Estamos intentando llegar a un acuerdo con los gremios para hacer viable una operación que, de no lograrse, podría paralizar toda la actividad", afirmó Boiero.

Además, el aumento de la inflación en dólares y el incremento del Derecho Único de Extracción (DUE) —una tarifa que se cobra por la pesca— han agudizado la falta de competitividad del sector. "El valor del DUE se incrementó más del doble entre 2024 y principios de 2025, lo que nos pone en una posición aún más difícil", subrayó el presidente de CAPECA.

Hasta el momento, las negociaciones con el gobierno se están llevando a cabo a través de los secretarios de pesca, sin que se haya logrado la creación de una mesa de diálogo tripartita con los gremios del sector. La situación sigue siendo incierta, pero las amenazas de paralización y los pedidos de ajuste salarial por parte de los empresarios pesqueros aumentan la presión sobre los trabajadores y el gobierno.