El reciente veto a la ley de financiamiento universitario por parte del presidente Javier Milei ha generado una ola de críticas, incluyendo voces desde la Iglesia Católica. A través de un documento, el Departamento de Pastoral Social, de Justicia y Paz, y la Vicaría de Solidaridad de la diócesis de Quilmes, liderada por el obispo Carlos Tissera, han expresado su rechazo, calificando el veto como "una planificación de la crueldad" y una transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía.

Asimismo, el Equipo Diocesano de Pastoral Social y Cáritas de la diócesis de Merlo-Moreno, bajo el obispo Juan José Chaparro, ha manifestado su "solidaridad y preocupación con jubilados y la comunidad universitaria", al tiempo que repudió "los vetos impuestos que afectan la calidad de vida de los más vulnerables", señalando que todo esto ocurre en nombre de la austeridad fiscal.

Los representantes de Quilmes también han denunciado un "plan sistemático de empobrecimiento" en el país, argumentando que este plan solo puede sostenerse mediante una "violencia creciente" del Estado. En este contexto, mencionan el allanamiento a la casa de la dirigente social Fernanda Miño como un ejemplo del "despliegue de maldad" que se está observando.

La Pastoral Social de Merlo-Moreno reafirma que las decisiones del gobierno conducen a un incremento de la represión y a una pasividad creciente en el pueblo, que se convierte en un "mero espectador" debido al miedo. Se recuerda que la doctrina social de la Iglesia promueve la participación en la vida pública como parte de la dignidad humana.

Ambas diócesis coinciden en que hay un intento de "agotar toda forma de reacción popular" y critican la búsqueda de imponer el miedo como mecanismo para despojarlos de derechos. En el documento titulado "La vergüenza de un nuevo veto", se expresa que el gobierno busca reimplantar el terror y el poder de la fuerza, aunque advierten que "es imposible acallar la reacción de nuestro pueblo".

La diócesis de Merlo-Moreno también critica la actitud de algunos dirigentes que, a su juicio, traicionan principios y se silencian ante la violencia y el odio. El documento destaca la preocupación por negociaciones a puertas cerradas que afectan la confianza entre gobernantes y ciudadanos, dejando a la democracia reducida a meras transacciones.

Por su parte, Cáritas y la Pastoral Social de Quilmes advierten que, bajo el lema de "déficit cero", quienes gobiernan parecen actuar como gerentes de un poder insaciable, cerrando negocios a costa del empobrecimiento de la población. Se instó a la indignación y a la solidaridad frente a la creciente necesidad y la dignidad mancillada.

Finalmente, ambas diócesis reafirmaron su compromiso de acompañar a las víctimas, a los pobres y a los trabajadores, y de trabajar ecuménicamente por una patria justa y soberana, recordando las palabras del papa Francisco sobre la importancia de la organización del pueblo para generar cambios positivos.