La economía argentina enfrenta una profunda crisis empresarial desde la llegada de Javier Milei al poder, con el cierre de 3559 empresas entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Este fenómeno afecta principalmente al tejido productivo de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan el 99% de los casos.

El informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) subraya que las pymes fueron las más perjudicadas, con el cierre de 3523 compañías en el sector formal de la economía. En contraste, las empresas con más de 500 empleados contribuyeron con apenas 36 cierres.

Las cifras también reflejan una pérdida significativa de empleos, con más de 136,000 trabajadores registrados menos en el mismo período. Este deterioro se acentuó con una caída del 5,1% del PBI en el primer trimestre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Las críticas de las cámaras empresariales pyme apuntan a la desregulación competitiva que favorece la importación de productos extranjeros y la contracción del mercado interno debido al deterioro de los ingresos. Además, lamentan la falta de respuesta por parte de las autoriades gubernamentales, a pesar de los repetidos llamados para abordar la crisis.

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), expresó su preocupación: "No vemos indicios de una recuperación rápida de la recesión. La caída de las ventas está llevando a recortar horas extras y suspender personal, lo que eventualmente conduce a despidos".

En un contexto donde las grandes empresas parecen beneficiarse de medidas como la desregulación del sistema privado de salud y el nuevo régimen de promoción de inversiones (RIGI), diseñado para atraer grandes inversores en sectores estratégicos, las pymes enfrentan un panorama desalentador. La política de libertad de mercado, según los críticos, favorece la concentración del capital y debilita el entramado productivo local.