La lucha por el control de las organizaciones de los peones rurales sigue escalando y, en un nuevo capítulo de este conflicto, la Policía Federal llevó a cabo un allanamiento en las oficinas de la Obra Social de los Trabajadores Rurales (OSPRERA), secuestrando el celular y la computadora de Marcelo Petroni, el interventor designado por el Gobierno Nacional. La operación, que se desarrolló en la sede de la obra social ubicada en la calle Reconquista al 600, se enmarca en una investigación sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El allanamiento es parte de una causa que involucra al propio Petroni y a otros funcionarios del espacio libertario. Entre los imputados se encuentran Claudio Alberto Aquino, Director Nacional de Asociaciones Sindicales, Julio Gabriel Cordero, Secretario de Trabajo de la Nación, y Pablo Ansaloni, diputado nacional por la Libertad Avanza, entre otros. La investigación fue iniciada por José Voytenco, líder del gremio de peones rurales y uno de los principales actores en esta guerra sindical, quien denunció un faltante de cerca de 100.000 millones de pesos en la obra social.

La intervención de OSPRERA comenzó en octubre de 2024, cuando el Gobierno Nacional decidió tomar el control de la obra social tras una serie de denuncias e irregularidades. Petroni fue designado interventor en noviembre de ese mismo año, mediante el decreto 1054/2024. Desde entonces, las tensiones entre la intervención y Voytenco no han cesado, con denuncias mutuas y acusaciones que siguen complicando el panorama.

El juez Casanello está a cargo de la causa, y la instrucción está en manos del fiscal Marijuan, quien investiga los delitos mencionados. Sin embargo, el rol de Marijuan ha sido fuertemente cuestionado por el Gobierno, que lo señala como cercano al propio Voytenco, habiendo incluso sido relacionado con encuentros informales en un quincho que ambos frecuentan.

Por otro lado, la disputa no se limita a la obra social. En paralelo, Julio Cordero, Secretario de Trabajo, presentó un pedido de intervención del poderoso sindicato UATRE, al acusar a Voytenco de no reconocer las elecciones que favorecieron a sus opositores y de carecer de legitimidad. La causa fue derivada a la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y aún se espera una resolución sobre el futuro de la organización sindical.

La guerra por el control de OSPRERA y UATRE continúa con tensiones crecientes entre los actores involucrados, y la Justicia se enfrenta a un complicado panorama lleno de acusaciones y disputas que podrían redefinir el futuro de las organizaciones de los peones rurales en Argentina.