La polémica sobre el destino de los aportes a las obras sociales sigue generando tensiones dentro del movimiento sindical. En una nueva reunión que tuvo lugar este miércoles en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, los gremios continuaron analizando los efectos de la Resolución 1/25, que obliga a 1.400.000 afiliados a que sus aportes se desvíen íntegramente hacia las prepagas que los atienden, dejando a las obras sociales sindicales sin recursos.

El encuentro fue el segundo en una serie de reuniones entre sindicatos, y la principal conclusión es que, ante la falta de acercamiento con el Gobierno o la CGT, los gremios avanzarán judicialmente para impugnar la medida. La estrategia se centrará en interponer cautelares en distintos fueros judiciales, argumentando posibles inconstitucionalidades. Se espera que la batería de acciones legales sea considerable.

La medida afectará a todos los gremios, pero de manera desigual, dependiendo de dos factores claves: el volumen de los salarios y la cantidad de afiliados. Por un lado, aquellos sindicatos con actividades muy específicas y sueldos elevados probablemente vean sus obras sociales convertidas en un simple puente hacia las prepagas, ya que la mayoría de sus afiliados se atienden en el sistema privado. Esto podría llevar a que la obra social sindical cierre. Por otro lado, las obras sociales que abarcan a un mayor número de trabajadores con sueldos más bajos, quienes no pueden acceder a la medicina privada, recibirán los aportes en su totalidad, lo que les permitirá seguir funcionando, al menos por ahora.

Sin embargo, existen muchos matices dentro de este panorama. Un asistente a la reunión reflexionó sobre el cambio de sistema, destacando que el anterior funcionaba de manera solidaria, con el trabajador como beneficiario y no como simple usuario del sistema. En este contexto, cuestionó también los 30.000 millones de pesos que, según el Gobierno, se ahorrará con esta medida. "El aporte del 3% del trabajador y del 6% del empleador a la obra social está definido por ley, por lo que no hay una disminución directa para los trabajadores. Esto está violando una ley", expresó.

En cuanto a los posibles efectos de la medida, se advirtió que el Gobierno podría intentar forzar a las prepagas a reducir las cuotas tras recibir el dinero que antes se destinaba a las obras sociales. Sin embargo, algunos sindicalistas cuestionaron la lógica detrás de la acusación de cartelización, señalando que el Gobierno había pedido la devolución de un monto mínimo en cuotas cómodas, y ahora podría estar pidiendo lo contrario: que las prepagas se "cartelicen" para reducir las cuotas.

Más allá de los matices, hay un temor generalizado de que, una vez eliminadas las obras sociales sindicales, el sector se consolide en manos de unas pocas prepagas gigantes. En ese escenario, los trabajadores quedarían atrapados en un sistema donde las prepagas tendrían el poder de manejar los precios y, lo peor, podrían dejar a los afiliados sin cobertura médica, obligándolos a recurrir al sistema público de salud.

La situación, por lo tanto, sigue siendo incierta, y los sindicatos están dispuestos a seguir luchando judicialmente para frenar una medida que consideran perjudicial para los trabajadores y que, en sus palabras, podría terminar concentrando el mercado de salud en pocas manos.