El reciente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) aprobado por el gobierno argentino, que autoriza las "operaciones de crédito público" en el marco del Programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha generado más preguntas que respuestas. Aunque el decreto menciona la necesidad de refinanciar deuda con el FMI y otras obligaciones, los detalles cruciales del acuerdo, como el monto y las condiciones exactas, siguen sin ser claros.

En su informe, el centro de investigación CIFRA de la CTA señala que la "urgencia" presentada por el gobierno tiene más que ver con la necesidad de obtener financiamiento externo para mantener la estabilidad de la burbuja financiera del país, en lugar de un verdadero interés en resolver la inflación o los problemas estructurales de la economía. Según Pablo Manzanelli, director de CIFRA, el verdadero objetivo del acuerdo con el FMI no es reducir la inflación, sino lograr una entrada de dólares frescos que permitan contener la presión sobre el mercado cambiario y evitar un aumento descontrolado de la deuda interna.

El decreto establece que el crédito acordado con el FMI se destinará, en su mayoría, a cancelar los vencimientos de deuda que vencen entre 2025 y 2029, derivados del Acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en 2022. Sin embargo, hay un aspecto particularmente ambiguo que genera inquietud: el pago de las Letras Intransferibles del Banco Central, que fueron emitidas para financiar la deuda externa. El gobierno no ha especificado qué "parte sustancial" de esa deuda será saldada, lo que ha dejado un margen de incertidumbre en cuanto a la cantidad de dinero que realmente se destinará a este fin.

El informe de CIFRA destaca que las estimaciones sobre las Letras Intransferibles varían considerablemente: mientras la Secretaría de Finanzas calcula vencimientos por 91.594 millones de dólares, el Banco Central estima una cifra mucho más baja, de 23.162 millones de dólares. Sin embargo, lo que es claro es que el gobierno pretende utilizar parte de los fondos del FMI para reducir este pasivo, lo que, en términos prácticos, le permitiría al Banco Central aumentar sus reservas y mejorar su capacidad para intervenir en el mercado cambiario.

Pablo Manzanelli cuestiona duramente el argumento del gobierno de que el acuerdo con el FMI es urgente para reducir la inflación. “Este argumento de que los fondos del préstamo son urgentes para bajar la inflación, que es producto de la emisión monetaria, no lo cree ni siquiera la ortodoxia económica”, afirma el economista. Además, señala que la reducción de la deuda interna del Banco Central mediante la readecuación de la normativa fue mucho más sencilla de lo que el gobierno sugiere, lo que pone en duda la necesidad de tomar más deuda externa.

Desde CIFRA sostienen que la verdadera necesidad del gobierno es conseguir financiamiento externo para sostener la estabilidad financiera a corto plazo, después de que se agotaran las fuentes de divisas que habían ayudado a mantener el tipo de cambio controlado en el pasado. Al igual que sucedió con el acuerdo del "stand by" durante el gobierno de Mauricio Macri, la gestión de Javier Milei parece estar priorizando el mantenimiento de la burbuja financiera a expensas de una resolución estructural de los problemas económicos del país.

El acuerdo con el FMI, según este análisis, no busca una solución a largo plazo para la inflación o la deuda externa, sino más bien una inyección temporal de recursos para mitigar la presión sobre el mercado de divisas, mientras se prepara para las elecciones de medio término. Sin embargo, las dudas sobre la transparencia y la sostenibilidad de este enfoque siguen creciendo, a medida que el gobierno avanza en un proceso de endeudamiento que podría tener consecuencias graves para las finanzas nacionales en el futuro.