El 2024 fue un año clave en la política de ajuste del gobierno argentino, que bajo la administración de Javier Milei, implementó una drástica reducción en la cantidad de empleados públicos. Según el gobierno, durante el año pasado se desvincularon un total de 37.595 trabajadores estatales, como parte de una estrategia destinada a disminuir el gasto público y optimizar la estructura del Estado.

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, destacó que la principal justificación detrás de esta medida fue reducir el gasto del Estado. "Las desvinculaciones son esenciales para reducir el gasto público", señaló el funcionario, quien ha sido un actor clave en la implementación de la política de ajuste.

Sin embargo, la decisión de reducir personal en distintas áreas del Estado ha generado fuertes críticas. Diversos sectores de la sociedad, así como funcionarios de distintas áreas, han señalado que esta reducción podría haber impactado en la calidad de los servicios y en la capacidad del Estado para atender necesidades esenciales en áreas clave. En el centro del debate público surge la pregunta: ¿dónde es necesario ajustar y dónde es fundamental mantener o reforzar el personal?

Este cuestionamiento toma fuerza en un contexto en el que, por un lado, el gobierno ha bajado impuestos a autos considerados de lujo, valorados en más de 75 millones de pesos, mientras que, por otro, ha tomado decisiones controvertidas que afectan instituciones como el Hospital Bonaparte de Salud Mental.

El Desglose de las Desvinculaciones

Desde el Ministerio de Desregulación, Sturzenegger explicó que la mayor parte de las desvinculaciones fueron el resultado de la no renovación de contratos al finalizar su vigencia, y no de despidos directos. A continuación, se detalla cómo se distribuyó la reducción de personal:

• Administración Pública Nacional (APN): 22.302 empleados menos.
• Empresas estatales: 12.410 puestos eliminados.
• Fuerzas Armadas y de seguridad: 2.883 efectivos menos.

Estas cifras reflejan una disminución en la dotación de personal de la APN, que pasó de unos 205.000 a 183.000 empleados, y de las empresas estatales, que vieron una reducción de 91.000 a 78.000 trabajadores.

En cuanto al tipo de contratos, las reducciones fueron más pronunciadas en los contratos bajo la Ley Marco, con una caída del 18,3%, y en los contratos de Locación de Obras y Servicios (LOyS), con una disminución del 48,7%. Este último tipo de contratación, dirigido principalmente a monotributistas que prestan servicios al Estado, había sido regulado en 2017, estableciendo un plazo máximo de 12 meses para cada contrato.

Un Ahorro Fiscal de USD 4.012 millones

El ministro de Desregulación defendió estas medidas afirmando que el ajuste es fundamental para generar ahorros que permitan reducir los impuestos, sin comprometer el equilibrio fiscal del país. Según las estimaciones oficiales, el ahorro fiscal alcanzaría los 4.012 millones de dólares, una cifra calculada utilizando la técnica del "Valor Actual", que estima el ahorro futuro al descontar los salarios que ya no se pagarán.

Este ajuste en la plantilla estatal forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Milei, cuyo objetivo es reducir el tamaño del sector público y disminuir el gasto del Estado, con la esperanza de generar una mayor eficiencia y sostenibilidad fiscal.

Sin embargo, las críticas sobre el impacto social de estas medidas continúan, y el debate sobre la gestión del Estado y sus prioridades sigue siendo uno de los temas centrales en la agenda política y social del país.