El Gobierno nacional oficializó este jueves la intervención de la empresa Corredores Viales S.A., lo que habilita el despido de trabajadores y marca un paso más en el proceso de privatización de la firma estatal. La medida se basa en los informes que señalan pérdidas millonarias y una deuda pendiente con proveedores, y ha sido respaldada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La intervención fue confirmada con la publicación del Decreto 244/2025 en el Boletín Oficial y está dirigida por Anastasia María de los Ángeles Adem, quien será la nueva interventora. Según el decreto, la funcionaria contará con amplias facultades, incluidas las de designar y remover trabajadores de la sociedad, lo que genera gran incertidumbre entre los casi 4.000 empleados de la empresa.

El proceso de intervención será por tiempo indefinido, conforme a lo establecido por la Ley N.º 27.742, conocida como la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Adem deberá realizar una auditoría de gestión al inicio y al final de la intervención, así como una evaluación del estado financiero y operativo de la empresa. Además, tendrá que elaborar un plan de acción para reformular la empresa, que podría incluir modificaciones al estatuto, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Economía.

Dentro de las tareas asignadas, la interventora también deberá revisar la administración de compras y contrataciones, y llevar a cabo una auditoría integral sobre el estado de los corredores viales. A su vez, será responsable de operar y mantener la sociedad durante el período de transición, antes de su eventual disolución y liquidación.

Corredores Viales S.A. es una empresa estatal encargada de la concesión de rutas, autopistas y autovías nacionales, cuyo capital social es completamente estatal. Sus accionistas son el Ministerio de Obras Públicas y Vialidad Nacional.

Este paso hacia la privatización de la firma comenzó en febrero de este año con el Decreto 97/2025, que establece el procedimiento para la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje. El Ministerio de Economía ha sido delegado con la facultad de iniciar el proceso licitatorio en etapas para la Red Federal de Concesiones, lo que incluye la licitación de más de 8.500 kilómetros de rutas nacionales, de los cuales 5.800 kilómetros están actualmente concesionados por la empresa pública.

La intervención y el proceso de privatización generan preocupación entre los trabajadores, ya que la medida de despidos y la reestructuración de la compañía no solo impactan en los empleados, sino que también abren la puerta a la posible disolución de la empresa, un proceso que sigue de cerca tanto el sector sindical como los analistas políticos.