En un clima de creciente descontento social y tensiones económicas, varios dirigentes de la seccional Mendoza de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) han sido imputados por “entorpecimiento de la vía pública”. Esta acción ha desatado alarmas sobre un posible intento del Gobierno provincial y la Justicia por criminalizar la protesta social.

Los acusados incluyen al secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho; la adjunta, Adriana Iranzo; y los dirigentes Roberto Podio y Romina Castro. Están siendo procesados por violar el artículo 194 del Código Penal argentino, que establece penas de prisión de entre 3 meses y 2 años. Según la organización sindical, estas acusaciones surgen a raíz de las protestas realizadas en 2022.

Los abogados defensores argumentan que las manifestaciones fueron organizadas de manera que no interrumpieran el flujo vehicular en áreas públicas, y sostienen que la imputación es un intento de “criminalizar la legítima lucha por derechos laborales”. En su comunicado, ATE destaca que “estas acciones representan una peligrosa tendencia hacia la criminalización de las manifestaciones”, lo que afecta directamente a quienes luchan por mejoras salariales en un contexto de inflación y ajustes económicos.

El próximo 8 de octubre se espera que un juez decida sobre las nulidades planteadas por la defensa, lo que podría llevar el caso a un juicio formal. Este desarrollo ha intensificado el debate sobre el derecho a la protesta social en Argentina, en un momento en que los ajustes económicos agravan las tensiones.

Además, el gremio ha puesto en tela de juicio la imparcialidad del proceso, señalando que los fiscales Fernando Giunta y Darío Tagua, encargados de la acusación, tienen vínculos con el gobierno provincial. Esto alimenta las sospechas de que se está atacando el legítimo reclamo de los trabajadores, redefiniendo así los límites de la protesta social y su legitimidad en el actual contexto social y económico del país.