La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional del Valle-Puerto Madryn y la CGT Nacional expresaron su enérgico repudio a la represión sufrida por trabajadores y dirigentes gremiales en Chubut, mientras estos se manifestaban en contra de la adhesión a una ley que limita el acceso a la Justicia en los reclamos laborales frente a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART). El hecho ocurrió durante una protesta contra el proyecto que modifica el régimen de reclamaciones laborales en la provincia.

Los trabajadores, que marchaban hacia la Legislatura provincial, exigían que se detuviera la implementación del proyecto que adhiere al Título I de la Ley 27.348, la cual modifica el sistema de reclamaciones de los trabajadores en caso de accidentes laborales. En lugar de poder recurrir directamente a la Justicia, según esta ley, los empleados deberán primero pasar por una instancia administrativa obligatoria a través de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, lo que consideran un retroceso en sus derechos.

La ley 27.348, que complementa la Ley sobre Riesgos del Trabajo, ya ha sido adoptada por 16 jurisdicciones en todo el país. La modificación implica que los trabajadores de Chubut, en caso de accidente, deberán recurrir a la Comisión Médica para resolver cualquier discrepancia con la ART, antes de poder acudir a la Justicia. Los gremios consideran que esta medida perjudica a los trabajadores, limitando su capacidad para acceder a una resolución judicial rápida y efectiva.

Como respuesta a esta situación, la CGT del Valle Inferior del Río Chubut y Puerto Madryn, liderada por Luis Collio, Patricio Rosales y Luis Núñez, declaró un paro de actividades para el jueves 19, con una movilización a la Legislatura provincial para expresar su rechazo al proyecto. Durante el paro, los dirigentes gremiales también pidieron al Gobierno provincial, encabezado por Ignacio Torres, que ponga fin a los protocolos represivos contra las manifestaciones sindicales.

Este conflicto refleja la creciente tensión entre el sector laboral y las autoridades provinciales, en un contexto donde las reformas legales vinculadas a los derechos de los trabajadores continúan siendo un tema central de debate.