El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio (SOESGyPE) ha expresado su fuerte rechazo a la reciente resolución del Gobierno nacional que impide la homologación de acuerdos paritarios superiores al 2% a partir de octubre. El gremio califica esta medida como una “ilegalidad manifiesta” y advierte sobre una posible “escalada de conflictos” en el sector.

En una declaración a Mundo Gremial, Enrique Rodríguez, representante legal del sindicato, acusó al ejecutivo nacional de estar cometiendo un “acto ilícito”. Rodríguez sostiene que el Gobierno no puede rehusarse a firmar acuerdos entre privados basándose únicamente en intenciones ideológicas o políticas, una postura que considera inapropiada e injustificada.

En conversación con surtidores.com.ar, Rodríguez anticipó que la imposición gubernamental tendrá graves repercusiones. Los sindicatos continuarán luchando por la recomposición salarial de los trabajadores en un contexto de alta inflación, enfrentándose a un ajuste “inaceptable” que podría desencadenar “movilizaciones masivas” para defender sus derechos.

Rodríguez argumentó que la única base legítima para que la autoridad competente rechace la homologación de un convenio colectivo sería el incumplimiento de normas específicas. La incertidumbre resultante afectará a todos los involucrados, desde los trabajadores que verán frustradas sus expectativas salariales, hasta los gremios que verán disminuido su poder de negociación, y los empleadores que enfrentarán una falta de seguridad jurídica para aplicar los acuerdos alcanzados.

Cabe recordar que los convenios colectivos entran en vigencia el día de su homologación, y la Secretaría de Trabajo tiene un plazo de 30 días para realizar observaciones. Si no se presenta ningún reclamo en ese período, el acuerdo se considera aprobado de manera tácita. La reciente decisión gubernamental, por lo tanto, introduce un nivel significativo de incertidumbre en el proceso de negociación laboral.