La reciente propuesta de “regla fiscal” presentada por el presidente Javier Milei ha generado controversia, ya que muchos la consideran un mecanismo que otorga un excesivo poder discrecional al Poder Ejecutivo. Según el proyecto, si el balance fiscal resulta deficitario, el gobierno tendría la facultad de recortar gastos a su criterio, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

El texto de la regla establece que ante cualquier desvío en los ingresos proyectados que afecte el equilibrio financiero, los gastos deberán ser recortados en la misma proporción. Esto implica que partidas que no cuenten con un monto de ejecución mínimo podrían ser eliminadas a voluntad, lo que representa un cambio drástico en la gestión del presupuesto.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) critica esta medida, señalando que, si el presupuesto fuera un plan serio de ingresos y egresos, el Congreso no debería permitir que el Ejecutivo ajuste las cifras a su conveniencia. La “regla fiscal” podría, por tanto, ser vista como una delegación irresponsable de poderes que socava el control legislativo.

Comparaciones con la Ley de Déficit Cero

Las similitudes entre esta nueva regla y la Ley de Déficit Cero, sancionada en 2001, son notables. Ambas buscan el equilibrio presupuestario y permiten la reducción proporcional de gastos cuando los ingresos caen. Sin embargo, la Ley de Déficit Cero fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 2002 por el exceso de discrecionalidad que otorgaba al Poder Ejecutivo, sin pautas temporales que justificaran su vigencia.

El CEPA señala que, aunque la nueva ley tiene un enfoque más exigente al considerar el “resultado financiero”, persiste la preocupación por la falta de límites claros en la ejecución del presupuesto. A diferencia de 2001, que incluía recortes a retribuciones periódicas, la regla actual permite recortes en cualquier partida sin un mínimo de ejecución legal.

Un Proyecto Peligroso

Además, la regla fiscal presenta una excepción que, según el CEPA, se convierte en un vacío que permite al Ejecutivo profundizar un ajuste discrecional. Esto podría tener consecuencias graves en áreas críticas como la educación y la seguridad social.

La conclusión es clara: el gobierno parece despreciar el concepto de un presupuesto riguroso, habiendo operado con un presupuesto prorrogado en 2024 y buscando replicar ese enfoque en 2025. La “regla fiscal”, lejos de ser un mecanismo de control, podría ser un atajo hacia una gestión arbitraria de los recursos públicos, con riesgos de violar derechos constitucionales y desatender necesidades sociales fundamentales.