Hugo Moyano (h), abogado del Sindicato de Camioneros y miembro del equipo jurídico de la CGT, presentó su posición en la audiencia convocada por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, en relación con los proyectos de modificación a las leyes de Asociaciones Sindicales y de Convenciones Colectivas de Trabajo.

Moyano inició su intervención subrayando que los proyectos en debate deben estar alineados con la Constitución Nacional. Según él, “la gran mayoría de estos proyectos no se ajustan al sistema constitucional argentino, ni al artículo 14 bis, ni a los convenios internacionales de la OIT como el convenio 87 sobre libertad sindical”. Destacó que los convenios internacionales tienen una jerarquía superior en la Constitución, citando el artículo 75 inciso 22.

El abogado se centró en el Convenio 87 de la OIT, que protege la autonomía sindical. Moyano explicó que el artículo 3 de este convenio establece que las organizaciones sindicales deben redactar sus propios estatutos y elegir libremente a sus representantes, además de organizar sus actividades sin interferencias de las autoridades públicas. Según Moyano, los proyectos de ley en discusión vulneran estos principios fundamentales.

Moyano también cuestionó las propuestas de limitar los mandatos jerárquicos en los sindicatos, argumentando que tales restricciones son incompatibles con el principio de autonomía sindical y la voluntad mayoritaria de los trabajadores. Según él, los órganos de control de la OIT han señalado que imponer límites a la reelección sindical puede ser perjudicial y no está en conformidad con el convenio 87.

Otro punto de crítica fue la eliminación de la **cuota de solidaridad**, una contribución que la Corte Suprema ha declarado compatible con la Constitución Nacional y los convenios internacionales, siempre que se derive de la autonomía sindical y no de imposiciones legislativas.

Moyano también se opuso a los proyectos que penalizan los bloqueos de empresas, considerándolos una infracción al derecho constitucional de huelga. Señaló que estos proyectos crean un nuevo tipo penal que podría afectar el ejercicio legítimo del derecho de huelga. Expresó inquietud sobre términos vagos como “entorpecer o estorbar” y cómo podrían ser interpretados de manera restrictiva.

Finalmente, Moyano criticó la extensión de la responsabilidad penal a los dirigentes sindicales, sugiriendo que los proyectos en cuestión buscan limitar la autonomía sindical y violar los derechos de los trabajadores. Concluyó que la mayoría de los proyectos representan una “violación de la autonomía y la libertad sindical”.

La intervención de Moyano subraya un fuerte rechazo a las modificaciones propuestas y una defensa firme de los derechos sindicales y la autonomía organizativa frente a las nuevas legislaciones en discusión.