La tensión crece en Entre Ríos, donde la principal productora avícola de Argentina, Granja Tres Arroyos, ha iniciado un proceso de despidos que ha dejado a 70 trabajadores sin empleo y amenaza con desvincular a otros 400. Este ajuste ha generado un fuerte malestar entre los empleados y sus familias, que ya han comenzado a organizarse en protestas para defender sus fuentes laborales.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Miguel Ángel Klenner, advirtió sobre la grave situación en la planta de Concepción del Uruguay. "Quieren reducir la plantilla de faena de 800 a 400 empleados, precarizando el trabajo", señaló, cuestionando las decisiones tomadas por la empresa, que argumenta dificultades económicas.

Frente a esta situación, el Sindicato de la Alimentación convocó a una concentración en la planta este lunes desde las 7 de la mañana. Los trabajadores, familiares y representantes de la CGT se unieron en solidaridad con los afectados, exigiendo medidas urgentes para evitar más despidos y garantizar condiciones laborales dignas. "Nos solidarizamos con los trabajadores afectados y reclamamos medidas inmediatas para preservar los empleos", expresó la filial de la central obrera.

El impacto en los trabajadores es palpable. Uno de los operarios afectados compartió su angustia: "Hoy vine como todos los días a las 3 de la mañana y me encuentro con que tenía restringido el paso. Cerca de las 10 de la mañana ya tenía el telegrama en casa. En dos meses cumpliré 7 años en la empresa", lamentó, revelando que, además, ya sufrió una reducción del 50% en su salario.

La empresa había presentado en diciembre un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo, con el argumento de dificultades económicas. Este plan preveía despedir a 700 empleados o, en su defecto, reducir salarios eliminando adicionales. Aunque inicialmente se frenaron los despidos tras el rechazo del sindicato, la situación parece haberse intensificado, con los primeros despidos ya en marcha.

El conflicto continúa en la región, mientras los trabajadores esperan una respuesta del gobierno y la empresa para frenar lo que consideran un ajuste injusto que amenaza su estabilidad laboral y económica.