Tras la última reunión paritaria entre el gobierno nacional y los gremios estatales, se estableció un incremento salarial que ha generado controversia y divisiones entre los sindicatos. El Poder Ejecutivo ha decidido aplicar un aumento del 3,5% para julio y del 3% para agosto, acompañado de un bono excepcional de $60.000 correspondiente a junio.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), bajo la conducción de Andrés Rodríguez, ha aceptado esta propuesta gubernamental, alineándose con sus demandas previas de compensación y ajuste según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En contraste, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, ha rechazado enérgicamente la oferta del gobierno. Aguiar calificó el aumento como "inaceptable", denunciando un severo recorte en los ingresos del sector público bajo la administración de Javier Milei. Criticó duramente el bono único de $60.000, describiéndolo como insuficiente y ridículo frente a la inflación creciente y el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

ATE ha destacado que la pérdida acumulada del poder adquisitivo de los salarios desde la asunción de Milei supera el 26%, y ha advertido sobre el aumento de despidos y la precarización laboral en el Estado. Aguiar anunció planes de acción gremial, incluyendo asambleas y medidas de acción directa, para defender los derechos salariales de sus afiliados frente a lo que consideran políticas de ajuste y precarización por parte del gobierno.

El panorama refleja una profunda división y tensión entre los sectores sindicales y el gobierno, marcando un desafío significativo para la estabilidad laboral y económica en el sector público argentino.