El reciente decreto que reintroduce el Impuesto a las Ganancias ha desatado una ola de críticas y controversias entre diversos sectores laborales y sindicales. Encabezando las voces disidentes, Sergio Palazzo, secretario General de la Asociación Bancaria y diputado nacional, anunció su intención de impugnar la medida ante la justicia, argumentando que este impuesto representa una carga confiscatoria que afectará gravemente a casi un millón de trabajadores.

En declaraciones a «El Destape Radio», Palazzo denunció que el tributo no solo recorta los salarios de manera encubierta, sino que también impacta desproporcionadamente en los empleados bancarios, quienes verán mermado significativamente su poder adquisitivo. Según el sindicalista, la aplicación de alícuotas que van del 5% al 35% comenzando desde ingresos de $1.800.000 mensuales para solteros y $2.200.000 para casados con dos hijos, afectará severamente a los sectores que ya han soportado una escalada inflacionaria y reducción de sus ingresos reales.

Con este movimiento, el gobierno argentino espera recaudar significativos recursos fiscales, pero enfrenta una férrea resistencia de parte de los sindicatos y sectores afectados, quienes critican la falta de actualización del mínimo no imponible en línea con la inflación actual, lo cual consideran una afrenta a los derechos laborales y una amenaza para la estabilidad económica de las familias trabajadoras.

El conflicto promete intensificarse en las próximas semanas, con movilizaciones y acciones legales que podrían marcar un nuevo capítulo en la lucha por los derechos económicos y laborales en Argentina.