La multinacional Dow Argentina ha tomado la drástica decisión de cerrar su única planta productora de poliuretano en el país, ubicada en Puerto General San Martín, Santa Fe, lo que ha dejado a 120 trabajadores sin empleo. La planta había estado paralizada durante más de diez días debido a la falta de materia prima, un problema que la empresa atribuyó a retrasos en un embarque proveniente de Brasil.

Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos (SOEPU), expresó su indignación ante la situación: “Fue una estrategia, fuimos engañados. Las autoridades informaron a los trabajadores que debían salir de la planta, y luego se comunicaron con el gremio para anunciar el cierre definitivo”. 

Este no es el primer intento de Dow de cerrar la planta. En 2022, la empresa había anunciado su intención de cesar las operaciones en Argentina como parte de una estrategia global para optimizar su cartera de productos. Sin embargo, la intervención del entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto con la presión ejercida por los gremios y los trabajadores, logró frenar esa decisión. Se estableció una mesa de diálogo entre el gobierno, la empresa y el sindicato para buscar una solución que permitiera mantener activa la planta, lo que resultó en un compromiso de Dow para continuar sus operaciones.

A pesar de las promesas de continuidad, la reciente decisión de cerrar la planta ha generado preocupación y descontento en el sector. La pérdida de 120 puestos de trabajo no solo afecta a los empleados despedidos, sino que también representa un golpe significativo a la industria local y a la economía de la región.

El cierre de la planta de Dow refleja un contexto más amplio de incertidumbre en el sector petroquímico en Argentina, donde las empresas enfrentan desafíos en la cadena de suministro y una creciente presión económica. La comunidad laboral y los sindicatos han llamado a una movilización para exigir una solución que salvaguarde los empleos y la producción en el país. La situación plantea preguntas sobre el futuro de la industria y la capacidad de las autoridades para proteger los intereses de los trabajadores.