La carrera por albergar una planta de Gas Natural Licuado (GNL) entre las provincias de Río Negro y Buenos Aires ha desatado una controversia marcada por intereses políticos y económicos, mientras el sindicato petrolero toma partido en medio de la disputa.

Río Negro, apoyada por su legislatura y el Sindicato de Petróleo y Gas de la región, defiende la instalación de la planta en sus costas atlánticas como una oportunidad para procesar localmente los hidrocarburos extraídos de Vaca Muerta. Marcelo Rucci, líder sindical, enfatizó la necesidad de añadir valor a los recursos naturales de la región y crear empleo local, respaldando los esfuerzos del gobernador Alberto Weretilneck por asegurar la estabilidad jurídica del proyecto.

En contraste, la provincia de Buenos Aires, bajo el mandato de Axel Kicillof, enfrenta desafíos políticos significativos y busca respaldo para su Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas (RIGI), crucial para su industria local. Sin embargo, la oposición del gobierno de Javier Milei y las diferencias políticas complican la aprobación de esta medida, mientras que la legislatura bonaerense lucha por mantener su influencia en la decisión.

La disputa, que se ha intensificado con el anuncio de Kicillof de enviar un proyecto de ley para favorecer inversiones estratégicas en la provincia, refleja una batalla por el poder y los recursos económicos, con consecuencias potenciales significativas para ambas regiones y el futuro energético del país.

En resumen, mientras Buenos Aires y Río Negro pelean por un proyecto que promete desarrollo económico y energético, el trasfondo político y sindical de la decisión subraya las complejidades y desafíos que enfrenta Argentina en la gestión de sus recursos naturales y la política energética.