El último día de 2024 desató una nueva controversia entre el gremio de los judiciales y el Gobierno de Mendoza. El Ejecutivo debía haber depositado los sueldos de los trabajadores estatales el 31 de diciembre, como es habitual cada fin de año, pero sorprendentemente no cumplió con esa obligación. Esta demora en los pagos generó gran malestar entre los trabajadores, especialmente entre los judiciales, quienes expresaron su indignación a través de las redes sociales.

La Asociación Judicial, liderada por Ricardo Babillón, calificó el hecho como un "ultraje" cometido por el gobernador Alfredo Cornejo, al que acusan de haber actuado con la intención de precarizar aún más la situación laboral de los empleados estatales. En un comunicado, señalaron que esta medida se trató de un "acto cobarde y antidemocrático" realizado justamente en el último día del año, lo que consideran una grave falta de respeto hacia los trabajadores que dependen de su salario para vivir.

Los sindicalistas recordaron que los empleados públicos son los encargados de mantener en funcionamiento servicios esenciales como la justicia, la educación, la salud y otros, a pesar de las difíciles condiciones en las que trabajan. "¡Y este es el agradecimiento que reciben?", cuestionaron, haciendo énfasis en la precariedad laboral que enfrentan, a pesar de su esfuerzo y compromiso en la prestación de estos servicios.

Exigiendo una solución inmediata, la asociación demandó que se corrija el error y que los responsables de la situación rindan cuentas. Además, advirtieron que no tolerarán más lo que consideran un abuso de poder por parte de un gobernador que, según ellos, "empobrece" a los trabajadores del Estado. "¡Unidos y fuertes, vamos a luchar por nuestros derechos y por la justicia!", concluyeron, dejando en claro su postura de enfrentarse a lo que consideran un ataque a sus derechos laborales.