La situación judicial que involucra a Ariel Lijo, uno de los magistrados propuestos por Javier Milei para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se centra en una denuncia por prevaricato y mal desempeño. Esta denuncia, presentada por María Emilia Villar, secretaria general del Sindicato de la Patagonia de los Trabajadores Pasteleros, está basada en una supuesta falsificación de firmas en los balances del sindicato.

El origen de la controversia se remonta al año 2013, cuando Villar descubrió que su firma había sido falsificada en los balances del sindicato. Tras más de cinco años sin avances en la causa, decidió presentar las denuncias contra Lijo, argumentando que el juez no habría actuado de manera diligente para investigar el caso a pesar de las pruebas de falsificación presentadas.

En respuesta a la denuncia inicial, se llevó a cabo una pericia caligráfica por parte de la Policía Federal Argentina, que confirmó la falsificación de firmas. Sin embargo, según Villar, Lijo no habría tomado las acciones necesarias para proceder con la investigación correspondiente, lo que podría constituir prevaricato, es decir, dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia y contravención a la ley.

Ante la gravedad de las acusaciones, se solicitó una segunda pericia caligráfica a la Cámara Federal de la Nación, que también confirmó la falsificación de firmas. Esta situación ha generado una controversia significativa en el ámbito judicial y político, especialmente debido a la postulación de Lijo para un puesto en la Corte Suprema.

Carlos Pagni, entre otros, ha destacado esta controversia en sus columnas políticas, lo que ha incrementado la presión sobre Lijo y su posible candidatura. La denuncia por prevaricato y mal desempeño está ahora en manos del fiscal Eduardo Taiano y también ha sido presentada ante el Consejo de la Magistratura.

En caso de ser encontrada culpable de prevaricato, la pena estipulada por el Código Penal incluye prisión o reclusión, multa e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer el cargo. Este caso continúa desarrollándose y podría tener un impacto significativo en la carrera judicial de Ariel Lijo y en las decisiones políticas respecto a su candidatura para la Corte Suprema.