Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, ha expresado su fuerte rechazo a los dos nuevos decretos publicados por Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, los cuales modifican el régimen de contrataciones en el sector público. Según Aguiar, el Gobierno perdió la oportunidad de establecer un ingreso al Estado mediante concursos públicos, y dejó una "hendija abierta" para que personas vinculadas a sectores como los libertarios puedan ingresar a la Administración Pública sin la debida evaluación de idoneidad.

El dirigente de ATE destacó que el Decreto 1148/24 establece que cualquier nueva incorporación al Estado deberá ser aprobada por la cartera de Sturzenegger. Sin embargo, Aguiar subrayó que la medida no elimina la discrecionalidad de los funcionarios para tomar decisiones de contratación, lo que, a su juicio, podría seguir favoreciendo el ingreso de personas sin la competencia necesaria para los puestos.

En cuanto al Decreto 1149/24, Aguiar valoró positivamente la disposición que establece la contratación anual de los trabajadores que aprobaron la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en diciembre de 2024. Este avance, según el dirigente, responde a una de las principales demandas de ATE al Ejecutivo, sobre todo después de los procesos de precarización laboral vividos durante la gestión anterior. A pesar de esta medida positiva, Aguiar recordó que la estabilidad laboral sigue siendo una prioridad para el sindicato.

"A pesar de este avance, seguimos demandando el cumplimiento de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad en el empleo público. Exigimos la incorporación a planta permanente de más de 57 mil trabajadores contratados desde hace años bajo diversas modalidades", expresó Aguiar.

El dirigente también subrayó que, sin estabilidad laboral, salarios dignos y una adecuada inversión en las áreas públicas, no se pueden garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En particular, hizo hincapié en la importancia de asegurar el bienestar de las franjas más vulnerables de la sociedad, quienes dependen de los servicios públicos esenciales como salud, educación y previsión social.