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Cambios para el sector rural: OSPRERA vuelve a UATRE

Obras sociales 11/06
Cambios para el sector rural: OSPRERA vuelve a UATRE

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) está programada para recuperar el control de la administración de su obra social, OSPRERA, a partir del 1ro de julio, después de haber sido intervenida por la justicia federal desde el 2 de marzo de 2023.

El Juzgado Federal de Santa Rosa, La Pampa, a cargo del juez Juan José Baric, ha dictaminado el fin de la Administración Provisoria de OSPRERA, argumentando que la entidad está en condiciones de normalizarse, según lo establecido en su resolución.

Además, el juzgado ha ordenado la designación de un "veedor judicial" por un año, con la autoridad de participar en decisiones, controlar el cumplimiento de normas legales y contribuir en la estructura funcional y gestión de la entidad que cuenta con más de 650 mil afiliados.

La resolución también requiere que el gremio liderado por José Voytenco designe el Consejo Directivo de OSPRERA, de acuerdo con el estatuto y las regulaciones legales, por un periodo de cuatro años desde la fecha de designación.

El tribunal ha solicitado además a la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que, mientras se designa el Consejo, otorgue un certificado de autoridades y que las entidades bancarias registren las firmas operativas correspondientes. Mientras tanto, el Administrador Provisorio, Héctor Horacio Acuña, continuará como representante legal hasta que se forme el nuevo Consejo.

OSPRERA fue intervenida después de una disputa electoral interna entre Voytenco y el ex titular Pablo Ansaloni, quien fue removido de su cargo tras una auditoría que reveló presuntas irregularidades financieras durante su gestión.

La auditoría encontró malversación de fondos, administración fraudulenta y asociación ilícita, incluyendo un gasto injustificado de un plazo fijo de $4.000 millones, de los cuales quedaban solo $338 millones al momento de la intervención. Además, se descubrió que OSPRERA recibió $1.700 millones que no se utilizaron para prestaciones, sin justificación sobre los gastos.

La resolución del tribunal pampeano destacó el trabajo del Administrador Provisorio en la recomposición de activos y la gestión operativa y administrativa desde el inicio de la intervención.

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