La Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió a tomar una decisión que impacta de lleno en los derechos laborales. En un fallo reciente, el máximo tribunal desconoció la vigencia del Convenio 173 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la prioridad de los trabajadores para cobrar indemnizaciones en caso de quiebra de una empresa. La medida ya generó reacciones dentro del mundo sindical y legal, y se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre el Poder Judicial, el Gobierno nacional y los organismos internacionales.

La Corte y un camino trazado

El fallo, conocido como el “caso Acevedo”, se suma al antecedente del “caso Levinas”, donde la Corte le otorgó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) competencias sobre causas tramitadas en la Justicia nacional. En ambos casos, distintas fuentes del ámbito judicial y sindical advierten sobre una línea común: el avance de una agenda contraria a los derechos laborales adquiridos.

Una fuente con conocimiento profundo del funcionamiento político-judicial lo expresó de forma contundente: “Estas jugadas tienen nombre y apellido: Horacio Rosatti. El mensaje es claro: no hace falta ampliar la Corte, ya hay quien responde a los intereses del Gobierno”.

En el terreno concreto, la creación de tribunales laborales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires anticipa, según analistas, un escenario adverso para los trabajadores. Sin embargo, algunos tribunales inferiores han resistido en la práctica las recientes sentencias de la Corte.

La política, ausente o espectadora

Frente a este escenario, la CGT expresó su preocupación pero sin todavía definir una estrategia clara. InfoGremiales intentó comunicarse con Gerardo Martínez, representante argentino ante la OIT, pero no obtuvo respuesta. Por su parte, el equipo legal de la central obrera indicó que “se están evaluando los pasos a seguir”.

Desde la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) anticiparon que impulsarán debates internos para reinterpretar el estatus del Convenio 173, apelando al artículo 18 de la Convención de Viena, que establece la obligación de los Estados de no frustrar el objeto de un tratado antes de su entrada en vigor. En ese sentido, sostienen que Argentina debería considerar que el Convenio ya está ratificado por sus compromisos internacionales, incluso si no se completó formalmente el trámite legislativo.

Un fallo que perjudica a todos

El Convenio 173 establece que, ante la quiebra de una empresa, los trabajadores deben tener prioridad en la lista de acreedores. La decisión de la Corte invierte ese orden: ahora el Estado nacional (a través de ARCA), junto con los estados provinciales y municipales, pasaría a tener prioridad por sobre los asalariados.

Desde el sector sindical lo ven como parte de una ofensiva más amplia: “Estamos viviendo un industricidio. En 2024 hubo cientos de miles de despidos, y este año habrá más quiebras. En lugar de proteger a los trabajadores, el Gobierno y la Justicia les quitan la posibilidad de cobrar lo que les corresponde”, alertó una fuente de la CGT.

Paradójicamente, la medida tampoco beneficiaría a los empresarios. Según la misma fuente: “Al desplazar al trabajador en la lista de acreedores, se suman más obligaciones al empresario quebrado: no sólo debe responder ante el Estado nacional, también ante las provincias y municipios. Se llama extensión de responsabilidad. El fallo perjudica a todos”.

La omisión histórica

Llama la atención que, desde su aprobación en 1993, la CGT nunca impulsó activamente la ratificación del Convenio por parte del Poder Ejecutivo. Incluso en 1992, en la conferencia de la OIT en Ginebra, la delegación argentina de trabajadores no votó a favor del Convenio 173.

Hoy, con un Gobierno alineado con políticas de desregulación laboral y una Corte que parece actuar en sintonía, se abre un escenario crítico. La cuenta en X atribuida a Santiago Caputo celebró el fallo con su habitual tono provocador, mientras que desde el sindicalismo y sectores de la Justicia se comienzan a explorar caminos de resistencia legal y política.